Caminos del Lógos: La enseñanza concertada
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jueves, 6 de septiembre de 2012

LA ENSEÑANZA CONCERTADA

Una de las mayores mamandurrias –que diría Esperanza Aguirre– de la España actual es la enseñanza concertada, la cual no es sino un tipo de subvención que resulta absolutamente incomprensible en un país que se dice moderno. Y resulta que donde esa mamandurria alcanza su grado máximo es, cómo no, en la Comunidad de Madrid. Al parecer, pagarle a un parado el subsidio que se merece (porque para eso ha cotizado) o a un jornalero el PER, es tirar dinero público; pero pagarles los centros privados a las familias que así lo desean, no. Una concepción de lo público que resulta pasmosa.

La concertada fue creada en los tiempos de Felipe González, pero eran tiempos muy distintos, en los que la red pública no estaba extendida a todos los rincones del país, o era de pésima calidad en muchos de ellos. En teoría, y dado que la escolarización es un derecho universal que la administración debe garantizar, lo que tendría que pasar es que, siempre que no haya plazas en la pública para matricular a un alumno (en su zona, se entiende), la administración debe pagarle la plaza en un centro privado. Como cuando te tienen que hacer una prueba médica (una resonancia, por ejemplo), y ante la masificación de la red hospitalaria pública te derivan a un centro privado, corriendo naturalmente la administración con esos gastos.

¿Qué ocurre hoy en día con la enseñanza concertada? Algo vergonzoso, que ha llegado a instalarse entre nosotros como corriente, y a lo que se denomina “derecho de los padres”. En efecto: los padres pueden elegir si sus hijos estudian en la pública o en la concertada, lo cual es, si se piensa detenidamente en ello (para lo cual, claro está, hay que tener la capacidad de pensar), una auténtica salvajada desde el punto de vista administrativo, un atentado contra lo público. Si unos padres quieren que su hijo asista a un centro privado, muy bien, que se lo costeen. Pero, ¿qué es eso de decidir, habiendo una red pública, que sus hijos van a estudiar en un centro privado, y que la administración les cubra en torno al 70 % de la matrícula? ¿Qué país es éste?

En España ya hay un promedio de más de un 30 % de alumnos de primaria y secundaria obligatoria matriculados en centros concertados. Ese porcentaje se eleva en algunas comunidades, como Madrid o el País Vasco, hasta el punto de que entre la concertada y la privada ya suman más alumnos que la pública. Datos de julio señalan que el 60 % de todos los ingresos de la privada (incluyendo la concertada) se pagan con dinero público. En los últimos cinco años, sus matriculaciones han aumentado un 13 %. Un dato escalofriante, habida cuenta de que ese gasto se añade al que se realiza en la red pública. Los centros concertados son centros privados que se están pagando con el dinero de todos. Si eso no es una mamandurria, que venga Dios y lo vea.

¿Por qué ocurre esto? Más claro, agua. De entrada hay que señalar que el predominio de la concertada es claramente superior en las comunidades tradicionalmente controladas por el PP o partidos nacionalistas (o sea, Cataluña y el País Vasco). Los centros concertados son en su inmensa mayoría de derechas, y dentro de este perfil ideológico, son a su vez mayoritariamente religiosos (católicos). En estos centros se pretende crear “élites” sociales políticamente adoctrinadas. Es irónico que se alegue la “libertad de elección de los padres” denunciando precisamente el carácter “ideológico” de la enseñanza pública, lo cual es ridículo, porque los gobiernos cambian, con lo cual ese sesgo lo haría en la misma medida, que sería la que ha decidido la mayoría que ha puesto a esos partidos en el poder; pero es que, en cualquier caso, los maestros y profesores de la pública (que son los que al fin y al cabo educan) lo son por haber superado una oposición, donde no se pregunta por el ideario político (lo cual hace que la distribución entre izquierdas y derechas sea estadísticamente del 50 %), al contrario que en la privada-concertada, donde son contratados a dedo y, en cualquiera de los casos, “advertidos” acerca de lo que pueden decir y lo que no. En muchos casos hasta monitorizados en clase.

Promocionando la concertada, ciertos partidos no pretenden otra cosa que estrangular la pública. Ése es el tema. No es cuestión de que haya “un abanico más amplio de opciones educativas”; se quiere eliminar la pública a largo plazo, o cuanto menos, convertirla en un reducto para pobres e inmigrantes (inmigrantes pobres, se entiende; los hijos de los extranjeros adinerados van a la privada). La pública cuenta con centros cada vez más masificados y problemáticos, pues no pueden deshacerse, como la privada, de los alumnos molestos. El jugoso negocio de la concertada (pues es una forma de hacer ricos y devolver favores a las organizaciones que sostienen a dichos partidos) consiste en eso: en vez de derivar a un alumno a la privada cuando no cabe en una aula de la pública, lo que pasa es que los padres pueden elegir enviarlo (y lo hacen en un amplísimo porcentaje, porque hacen lo creen mejor para sus hijos) a la concertada, dejando las aulas de la pública, tomada en su volumen global, medio vacías. De esta forma las administraciones de derechas pueden alegar que “faltan alumnos y sobra personal”, y consecuentemente se pueden cerrar centros (aumentando la ratio alumno-aula brutalmente en los que se mantienen abiertos), etc. Así avanza imparablemente la destrucción de la enseñanza pública y su sustitución por la privada, según el modelo (terrorífico, tanto en lo educativo como en lo sanitario) de EEUU. La educación entendida no como un derecho, sino como un negocio; la concepción empresarial de la sociedad que ya está plenamente establecida, y que la crisis viene a imponer definitivamente. Teniendo en cuenta lo anterior, no de extrañar ese cálculo según el cual una plaza en la pública cuesta tres veces más que una plaza en la concertada: pero es que habría que restar del coste total de la pública lo que se desperdicia en subvencionar plazas en la privada, que compite deslealmente con ésta. Como ese cálculo se hace dividiendo la inversión total entre el número de alumnos, y en la pública cada vez hay menos, en proporción sale cada vez más cara. Pero claro, es que la red pública existe a priori (por si los padres deciden elegirla, o por si son pobres y no tienen opción) y está ya pagada vía impuestos, para cuando una familia decide que su hijo va a la privada y así suma gastos y a la vez desperdicia dinero público ya invertido. Y esto lo propicia la administración pública, que juega en contra de su propio nombre para favorecer lo privado, algo que en nombre de ninguna libertad ni derecho tendrá jamás sentido, por mucho que los liberales o defiendan. 

Por si fuera poco, los centros concertados no aceptan más que cierta cuota de inmigrantes, aunque estén igualmente subvencionados por la administración, con lo que son claramente discriminatorios (lo cual es inconstitucional, pero se oculta tras la fórmula de “pruebas de admisión” que pasan siempre los chicos nativos y casi nunca los inmigrantes). Además, los concertados no atienden si no lo desean las necesidades educativas especiales de ciertos alumnos, mientras que la pública debe hacerlo obligatoriamente (llegando a hacer obras en un centro si es necesario, por ejemplo, para garantizar la accesibilidad de un alumno minusválido). Cuando un alumno de la concertada tiene mala conducta, malos resultados académicos prolongados o requiere atención especial, ésta lo devuelve a la pública, sin más. Asunto resuelto. Entonces los liberales sí se acuerdan, como siempre, de “papá Estado”.

Pero se da el caso, por lo menos de momento (cada año esto va a peor, por todo lo expuesto), de que la calidad de la pública sigue siendo mucho mejor. El diferencial de nota entre el expediente del alumno y su nota de selectividad es de un punto en la pública y en torno a tres en la privada (una vez más, incluyendo la concertada). O sea, que los padres pagan por la nota de sus hijos. Los profesores de esos centros, permanentemente amenazados con perder su empleo (al contrario que el funcionario, que puede ser ecuánime), o ponen notas altas o son despedidos. E insisto, y ello con todo mi respeto hacia estos sufridos compañeros, hay que señalar que los profesores de la pública han pasado un durísimo proceso (apolítico) de selección, lo que garantiza su solidez como docentes. Los de la privada-concertada son escogidos a dedo, por criterios de empresa (que pueden ser muy variados: desde tener un excelente currículum vitae hasta ser el sobrino del director), y de la misma forma son despedidos cuando no interesan.

La enseñanza concertada debe desparecer. Y en mi opinión la privada también, pero ese es otro tema muy diferente y hablo desde una perspectiva utópica, desde luego. Lo dejo para otro día.